La ley de apoyo al emprendedor

Siete puntos fundamentales, algunos inexplicables por su situación, que desarrolla la llamada Ley del Emprendedor

I. Emprendimiento y empleo joven.

En el capítulo I del título I se adoptan medidas para fomentar el emprendimiento y el trabajo por cuenta propia entre los jóvenes, entre las que destacan la implantación de una cuota inicial reducida (nuevos autónomos, hombres hasta 30 y mujeres hasta 35, 30% de reducción en la cuota durante los 15 primeros meses), la compatibilización de la prestación por desempleo con el inicio de una actividad por cuenta propia, o la ampliación de las posibilidades de aplicación de la capitalización de la prestación por desempleo.

Se podrá compatibilizar la prestación por desempleo con el inicio de una actividad por cuenta propia  durante, como máximo 270 días, si se es menor de 30 años y no se tienen trabajadores a cargo, pudiendo destinar el dinero de la prestación a los gastos de constitución y puesta en funcionamiento de una entidad, así como al pago de las tasas y el precio de servicios específicos de asesoramiento, formación e información relacionados con la actividad a emprender.

II. Medidas fiscales.

De forma complementaria, en el capítulo II se establece un marco fiscal más favorable para el autónomo que inicia una actividad emprendedora con el objetivo de incentivar la creación de empresas y reducir la carga impositiva durante los primeros años de ejercicio de una actividad.

Así, en el ámbito del Impuesto sobre Sociedades, se establece un tipo de gravamen del 15% para los primeros 300.000€ de base imponible, y del 20% para el exceso sobre dicho importe, aplicable en el primer período impositivo en que la base imponible de las entidades resulta positiva y en el período impositivo siguiente a este.

En consonancia con lo anterior, en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, con la finalidad de fomentar el inicio de la actividad emprendedora, se establece una nueva reducción del 20% sobre los rendimientos netos de la actividad económica obtenidos por los contribuyentes que hubieran iniciado el ejercicio de una actividad económica, aplicable en el primer período impositivo en que el rendimiento neto resulte positivo y en el período impositivo siguiente a este.

También, en el ámbito del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, se suprime el límite actualmente aplicable a la exención de las prestaciones por desempleo en la modalidad de pago único.

Se modifica la Ley del Impuesto de Sociedades para que las entidades de nueva creación, constituidas a partir de 1 de enero de 2013, que realicen actividades económicas tributen, en el primer período impositivo en que la base imponible resulte positiva y en el siguiente, con arreglo a la siguiente escala,

a) Por la parte de base imponible comprendida entre 0 y 300.000€, al tipo del 15%

b) Por la parte de base imponible restante, al tipo del 20%

En cuanto al IRPF  los contribuyentes que inicien el ejercicio de una actividad económica y determinen el rendimiento neto de la misma con arreglo al método de estimación directa, podrán reducir en un 20% el rendimiento neto positivo declarado con arreglo a dicho método, minorado en  su caso por las reducciones previstas en el primer periodo impositivo en el que el mismo sea positivo y en el periodo impositivo siguiente; con el límite de 100.000€ anuales.

III. Estímulos a la contratación.

El capítulo III contiene medidas destinadas a incentivar la incorporación de jóvenes a las empresas de la economía social, así como estímulos a la contratación de jóvenes en situación de desempleo. Entre estos últimos, destacan los incentivos destinados a la contratación a tiempo parcial con vinculación formativa, a la contratación indefinida de un joven por microempresas y empresarios autónomos y a la contratación en prácticas.

Además, se estimula la contratación por jóvenes autónomos de parados de larga duración mayores de 45 años y la contratación de jóvenes para que adquieran una primera experiencia profesional.

El capítulo IV incorpora medidas relacionadas con la mejora de la intermediación laboral, cuya eficacia hace necesario eliminar cualquier traba que obstaculice la rápida cobertura de los puestos de trabajo disponibles permitiendo que cualquier persona tenga conocimiento de las ofertas de empleo. Por ello se prevé que los servicios públicos de empleo registren todas las ofertas y demandas de empleo en la base de datos del Sistema de Información de los Servicios Públicos de Empleo regulado en la Ley 56/2003, de 16 de diciembre, de Empleo, garantizándose así la difusión de esta información a todos los ciudadanos, empresas y administraciones públicas, como garantía de transparencia y unidad de mercado; es decir, se establece una base de datos común para la difusión de ofertas y demandas de empleo a nivel nacional y de países del espacio económico europeo.

Acerca de la contratación, las empresas, incluidos los trabajadores autónomos, que contraten de manera indefinida, a tiempo completo o parcial, a un joven desempleado menor de 30 años tendrán derecho a una reducción del 100% de la cuota empresarial a la seguridad social por contingencias comunes correspondiente al trabajador contratado durante el primer año de contrato.

También se incluyen incentivos a la contratación de personas de edad igual o superior a 45 años, siempre que éstas se encuentren desempleadas y se las mantenga en el puesto durante, al menos, 18 meses.

El primer empleo joven consistirá en contratar a jóvenes desempleados menores de 30 años que tengan una experiencia profesional igual o inferior a tres meses; el contrato tendrá una duración mínima de tres meses y una duración máxima de seis y excepcionalmente no superior a 12.

Se podrán celebrar contratos de prácticas con jóvenes menores de 30 años aunque hayan pasado más de 5 años desde que éstos finalizaron sus estudios.

IV. Financiación empresarial.

Se articulan diversas medidas de fomento de la financiación empresarial. Acerca de la financiación empresarial, se efectúa una modificación del Reglamento de Ordenación y Supervisión de los seguros privados para recoger la posibilidad de que las entidades aseguradoras puedan invertir en valores admitidos a negociación en el mercado alternativo bursátil y que dichas inversiones sean consideradas aptas para la cobertura de provisiones técnicas. En la misma línea, el Reglamento de planes y fondos de pensiones se modifica para recoger la posibilidad de que los fondos de pensiones puedan invertir en valores admitidos a negociación en el mercado alternativo bursátil así como en entidades de capital riesgo, estableciendo un  límite máximo específico del 3% del activo del fondo para la inversión en cada entidad.

Para facilitar el acceso a la financiación no bancaria de las empresas españolas, se levanta la limitación impuesta en el art.405 de la Ley de Sociedades de Capital, por la que el importe total de las emisiones de las sociedades no puede ser superior al capital social desembolsado más las reservas. Esta flexibilización sólo se aplicará en aquellos casos en los que las emisiones vayan dirigidas a inversores institucionales, para asegurar una adecuada protección de los inversores minoristas.

V. Medidas contra la morosidad.

Sobre medidas de lucha contra la morosidad, el plazo de pago que debe cumplir el deudor, si no hubiera fijado fecha o plazo de pago en el contrato, será de 30 días naturales después de la fecha de recepción de las mercancías o prestación de los servicios, incluso cuando hubiera recibido la factura o solicitud de pago equivalente con anterioridad. El plazo podrá ser ampliado por acuerdo entre las partes hasta un máximo de 60 días.  En caso de que las partes hubieran pactado calendarios de pago para abonos a plazos, cuando alguno de los plazos no se abone en la fecha acordada, los intereses y la compensación previstas en esta ley se calcularán únicamente sobre la base de las cantidades vencidas.

El tipo legal de interés de demora que el deudor estará obligado a pagar será la suma del tipo de interés aplicado por el BCE a su más reciente operación principal de financiación efectuada antes del primer día del semestre natural de que se trate más 8 puntos porcentuales.

Cuando el deudor incurra en mora, el acreedor tendrá derecho a cobrar del deudor una cantidad fija de 40€, que se añadirá en todo caso y sin necesidad de petición expresa a la deuda principal. Además, el acreedor tendrá derecho a reclamar al deudor una indemnización por todos los costes incurridos para el cobro debidamente acreditados que haya sufrido a causa de la mora de éste y que superen la cantidad de 40€.

Será nula una cláusula contractual o una práctica relacionada con la fecha o el plazo de pago, el tipo de interés de demora o la compensación por costes de cobro cuando resulte manifiestamente abusiva en perjuicio del acreedor teniendo en cuenta todas las circunstancias del caso,

 

VI. Reestructuración del sector ferroviario.

Y en la misma ley el gobierno transmite a ADIF  la titularidad de la red ferroviaria del estado cuya gestión tiene encomendada. También prevé la reestructuración de Renfe-Operadora en cuatro sociedades mercantiles que asumirán las diferentes funciones que tiene encomendadas, entre ellas el transporte de pasajeros y mercancías; y la apertura progresiva a la libre competencia del transporte ferroviario de viajeros

 

VII. Sector de hidrocarburos.

Y también se modifica el sector de los hidrocarburos, destacando que la actividad de distribución al por menor de carburantes y combustibles podrá ser ejercida libremente por cualquier persona física o jurídica y su procedimiento de autorización durará como máximo 8 meses.

Los contratos de suministro para abastecer estas estaciones suelen ser en régimen de exclusiva, el cual no podrá ser superior a un año ni podrá fijar, recomendar o indicar el PVP del combustible, ni cualquier otra instrucción conducente a la fijación de precios de manera directa o indirecta, reputándose tales clausulas como no puestas.

Los establecimientos comerciales, individuales o agrupados, centros comerciales, parques comerciales, establecimientos de ITV y zonas o polígonos industriales podrán incorporar entre sus equipamientos, al menos, una instalación para el suministro de combustibles a vehículos.

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